El sistema tradicional de justicia en Argentina, basado en un juez profesional (o en tres, llegado el caso), se mantuvo casi 160 años como el modelo predominante. Este sistema, heredado de una lógica inquisitorial y centralizada, contrasta profundamente con los principios de un proceso penal democrático y participativo.
Orígenes Inquisitoriales del Juez Profesional
El modelo de juez profesional encuentra sus raíces en la Inquisición medieval, donde el poder judicial se concentraba en manos de un representante del Estado que actuaba tanto como juez como parte. Este sistema estaba profundamente vinculado a la ley del rey y a un poder centralizado, alejado de los ideales de imparcialidad y participación ciudadana que hoy consideramos esenciales para una justicia justa y equitativa.
En Argentina, esta herencia se tradujo en un sistema judicial arcaico que, pese a la modernización en algunos aspectos, sigue reflejando características propias de un monopolio exclusivo e ilegítimo de la justicia profesional. Alcanza con leer la Constitución Nacional para NO encontrar referencias sobre este instituto (a diferencia de lo que sí ocurre con el juicio por jurados).
Centralización y Feudalismo Judicial
La estructura organizativa del sistema judicial argentino puede calificarse como feudal. El juez profesional concentra un poder desmedido, actuando como único intérpretes de la ley y administrador de justicia. Este monopolio genera una serie de problemas graves, entre ellos:
- Desconfianza ciudadana: La percepción de que las decisiones judiciales responden más a intereses políticos o personales que a una aplicación objetiva de la ley.
- Falta de transparencia: Los procedimientos judiciales a menudo son opacos, dificultando el control público.
- Influencias políticas: La proximidad del juez profesional al poder político compromete su imparcialidad, una garantía esencial para cualquier proceso justo.
Impacto en las Garantías Constitucionales
El sistema de justicia profesional basado en un juez profesional, tal como está concebido, afecta directamente derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional:
- Imparcialidad: El modelo actual permite que la decisión judicial esté influenciada por sesgos formativos, presiones externas o incluso corrupción.
- Participación ciudadana: La exclusión de los ciudadanos del proceso judicial perpetúa un sistema elitista, cerrado y distante de las necesidades y valores de la sociedad.
Esto refuerza un esquema de poder judicial alejado de las garantías democráticas, que debería ser el principal pilar del sistema penal.
El Criterio Ciudadano como Garantía de Justicia Objetiva
En contraste con el juez profesional, cuya interpretación de los hechos y del derecho puede estar influenciada por preconceptos o intereses ajenos a la justicia, el juicio por jurados se basa en el criterio colectivo del ciudadano común. Este modelo redistribuye el poder y elimina la posibilidad de que una sola persona determine el destino de un imputado. Al deliberar en grupo, los jurados incorporan una diversidad de perspectivas que no solo garantiza mayor imparcialidad, sino también una conexión directa con los valores y expectativas de justicia de la sociedad.
Juicio por Jurados: Una Alternativa Democrática
El juicio por jurados constituye una herramienta esencial para avanzar hacia un sistema de justicia verdaderamente democrático. Entre sus principales ventajas destacan:
- Transparencia: Los debates son públicos y las decisiones se toman tras una deliberación abierta, eliminando el secretismo que caracteriza al modelo tradicional.
- Imparcialidad: La pluralidad de opiniones en el jurado reduce la influencia de sesgos individuales.
- Confianza pública: Al incluir a la ciudadanía en la administración de justicia, el juicio por jurados fortalece el vínculo entre el sistema judicial y la sociedad.
La Preparación de los Jurados: Un Pilar Fundamental
El sistema de juicio por jurados no solo se limita a convocar ciudadanos al azar; también implica un proceso cuidadoso de selección y capacitación. Los jurados son instruidos sobre las leyes aplicables y sobre sus responsabilidades, garantizando que puedan deliberar de manera informada y justa. Este enfoque asegura que las decisiones reflejen tanto los principios legales como las perspectivas comunitarias.
Impacto Social del Juicio por Jurados
Más allá de su impacto en los procesos judiciales, el juicio por jurados tiene un profundo efecto educativo. La participación ciudadana directa fomenta un mayor conocimiento sobre el funcionamiento del sistema judicial y refuerza la comprensión de los derechos y deberes legales. En última instancia, este modelo contribuye al desarrollo de una sociedad más comprometida y consciente de la importancia de un sistema de justicia justo y equitativo.
Conclusión
El sistema tradicional del juez profesional el cual se creía irremplazable, está profundamente arraigado en principios medievales, necesita una transformación radical para adaptarse a los valores democráticos contemporáneos. El juicio por jurados no solo representa una alternativa más justa y transparente, sino también una herramienta clave para reconstruir la confianza ciudadana en el sistema judicial. Es hora de dejar atrás un modelo obsoleto y avanzar hacia una justicia que realmente refleje los ideales de igualdad, imparcialidad y participación que nuestra Constitución promueve.